Fiscalía Superior anula resolución que excluía a Álvarez y a otros 31 implicados por caso San Bartolo


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La Fiscalía Superior ha determinado anular la Resolución de primera instancia emitida por la fiscalía respectiva en la cual solo determinó investigar a 7 ex funcionarios del Proyecto CHINECAS, y ha ordenado volver  a investigar el caso de cero, ocho meses de plazo se ha fijado para investigar y declaró el caso como complejo.

Inicialmente el Ministerio Público recibió la denuncia con 46 implicados y por razones extrañas solo 7 fueron los investigados, excluyéndose a Cesar Älvarez, y la no inclusión de  Juan Carlos Morillo, quien fue parte consorciada con su empresa y fue el Ingeniero Residente.

Richard Asmat, Procurador anticorrupción del Santa, Chimbote, la semana que pasó formalizó su pedido de ampliación de hechos y delitos ante el despacho del Fiscal Anticorrupción Wilder Delgado Flores, quien tiene a su cargo la investigación del caso del Canal San Bartolo.

Con éste nuevo proceso sí se incluirá en la investigación a Cesar Álvarez, Juan Carlos Morilo, entre otros, y es posible legalmente en razón que  el caso no ha culminado. 

El Diario el Correo de Chimbote del colega Gonzalo Horna,  realizó la investigación insitu y nos detalla el caso:

“El escándalo en torno a la obra “fantasma” del canal San Bartolo, por el cual se pagó 36 millones de soles, tenía en un principio un total de 46 personas denunciadas, entre los que figuraba el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez.

Detrás de la investigación fiscal que esta semana remeció a la gestión del gobernador Juan Carlos Morillo, hay toda una historia de archivos, exclusiones y lentitud en las investigaciones que merecen ser aclaradas por las instituciones del sistema de justicia y que hoy Correo se la cuenta.

LA HISTORIA Y LOS DENUNCIADOS

De acuerdo a la cronología que ha desarrollado la Fiscalía en torno a este caso, hubo pagos al cuestionado consorcio – integrado por la empresa de Morillo Ulloa – hasta diciembre de 2012. Sin embargo, recién en el 2015 La Contraloría General de la República emite el informe 275- 2015, advirtiendo presuntas irregularidades.

Con las conclusiones de esta auditoría, la Procuraduría de La Contraloría presentó la denuncia contra 46 personas, que para ellos tenían participación en estos hechos. El escrito al que ha accedido Correo tiene fecha de 3 de abril de 2017, sin embargo el sello de recepción es del 11 de abril de ese mismo año.

De acuerdo a este documento fueron denunciados en ese entonces : César Álvarez Aguilar, Hernán Moreno Lázaro, Jorge Marreros Aranda, Isabel Chinchay Huertas, Roy Ipanaqué Otta, José Luis Cachi Quezada, Martín Espinal Reyes, Teodoro Guerrero Vargas, Ricargo Villegas Tamara, Julio Lucio Olano, Leonidas Collazos de Leiva, Juan Alberto Cortez Chicoma, Hugo Rojas Rubio, Arnulfo Moreno Corales, Víctor Cerna Baes, Elvis Camarena Luna, Manuel Páucar Obregón, Fernando Rocca Luna Victoria, Aldo Mautino Bastos, Samuel Minaya Prieto, Dante Jiménez Mejía, Álvaro Saldarriaga Condoy y Alejandro Ansieto Alvarado Salas.

También figuran los nombres de Ismael García Rivera, Miki Chávez Miranda, Edwin Rojas Rojas, Washington Aliaga Marín, Yorlan Boldaceda Ponce, Víctor Caballero Moreno, Jesús Ríos Noriega, Nimia Arroyo Castañeda, Enrique Villa Espinoza, Gustavo Romero Gómez, Alvina Blas Pérez, Jorge Menacho Méndez, Jorge Núñez Gamarra, Juana Tiburcio Chávez, Julián Bravo Mori y César Ferrer Rodríguez.

Como se puede apreciar, hay un buen número de consejeros regionales de ese entonces incluidos en la denuncia inicial. Fuentes judiciales de Correo explicaron que ello se debe a que fueron los que votaron a favor del convenio entre la Región y la OEI para el paquete de obras, entre los que se encontraba el canal San Bartolo.

La Contraloría ingresó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaraz, pese a que el canal San Bartolo se construyó en la jurisdicción de la Fiscalía del Santa.

La Fiscalía de Huaraz hizo observaciones a la denuncia presentada por La Contraloría, ya que para ellos no se tipificada el delito de peculado como lo había considerado el ente de control. Pero el Ministerio Público tampoco consideró que existía una colusión y calificó el ilícito como negociación incompatible, razón por la cual ahora solo hay 7 personas investigadas y más de 30 que fueron excluidos, hasta el momento, por razones desconocidas.

El caso recién llegó a la Fiscalía Anticorrupción del Santa a fines de 2017 y en el 2018, en plena campaña política, el fiscal Carlos Roncal Cancino formalizó investigación preparatoria, pero no incluyó al entonces candidato Juan Carlos Morillo Ulloa, sin embargo, sus contendores usaron esta pesquisa para recordarle que sí ejecutó obras durante la gestión de César Álvarez y que además estas fueron cuestionadas.

EXCLUIDOS, PERO

Ahora bien, una vez que el caso llegó al despacho del fiscal anticorrupción del Santa, Carlos Roncal Cancino, el magistrado culminó la investigación preliminar y emitió una disposición en la que decidió no formalizar investigación preparatoria contra un total de 18 personas, entre ellas el exgobernador regional, César Álvarez.

En este documento el fiscal Roncal también alejó del caso a Juan Cortez Chicoma, Hugo Rojas Rubio, Víctor Cerna Baes, Manuel Paucar Obregón, Samuel Minaya Prieto, Alejandro Ansieto Alvarado Salas, Miki Chávez Rivera, Edwin Rojas Rojas, Washington Aliaga Marín, Yordan Baldoceda Ponce, Víctor Caballero Moreno, Jesús Ríos Noriega, Nimia Arroyo Castañeda, Enrique Villa Espinoza, Gustavo Romero Gómez, Alvina Blas Pérez, Jorge Menacho Méndez y César Ferré Rodríguez.

En cambio, el representante del Ministerio Público, sí decidió continuar con la investigación preparatoria en contra de Arnulfo Moreno Corales, Elvis Camarena Luna, Fernando Rocca Luna Victoria, Álvaro Saldarriaga Condoy, Isamel García Rivera, Aldo Mautino Bastos y Dante Jiménez Mejía.

Debido a que fue La Procuraduría de La Contraloría la que presentó la denuncia, la Procuraduría Pública de Corrupción de Funcionarios, no tenía competencia dentro del caso. Sin embargo, esto ha cambiado hace poco y el mismo procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia se ha apersonado al proceso y alista una serie de pedidos de diligencias que para él, debieron realizarse.

Justamente una de las primeras acciones emprendidas por la Procuraduría ha sido conocer en qué se basó el Ministerio Público para excluir a Álvarez y las demás personas de la pesquisa. En mérito a ese pedido de parte del abogado del Estado, la fiscal superior María del Rosario Valencia Pozo ha dado a conocer a la Procuraduría que el pasado 28 de enero de este año, su despacho emitió una disposición declarando nulo aquel archivo y pidiendo al fiscal a cargo del caso emitir un nuevo pronunciamiento.

La nulidad declarada por la Fiscalía Superior, implica que el fiscal a cargo de la pesquisa realice una nueva revisión y pueda pronunciarse una vez más, con lo cual se abre la posibilidad de que en los próximos días se sumen más investigados en esta carpeta que ahora se encuentra a cargo del fiscal anticorrupción Wilber Delgado. “Lo que tendría que hacer el fiscal es emitir una ampliación de formalización de investigación preparatoria, eso aún se puede hacer por la etapa en la que se encuentra la investigación”, explicaron las fuentes de Fiscalía a Correo.

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