Se incrementa cifra de medidas de protección en favor de víctimas de violencia familiar


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Un alarmante incremento de 36 por ciento, en el porcentaje de medidas de protección otorgadas en favor de la mujer e integrantes del grupo familiar, registran hasta el momento, los juzgados que conocen y tramitan procesos de violencia familiar en la Corte Superior de Justicia del Santa. Solo en lo que va del año, se dictaron 3 mil 60 medidas, mientras que durante todo el 2018, la cifra alcanzó las 4 mil 776.

 

Según cifras del Sistema Integrado Judicial, los órganos jurisdiccionales que registran un mayor incremento son: el Tercer Juzgado de Familia con un 43 por ciento, seguido del Primer y Segundo Juzgado de Familia, con un 40 por ciento.

En el distrito de Nuevo Chimbote, los dos Juzgados Mixtos  registraron un 36 por ciento más de  medidas de protección emitidas en favor de mujeres o integrantes del grupo familiar que sufrieron algún tipo de violencia.

 

«Frente a este incremento, estamos trabajando de manera conjunta con otras instituciones que están manifestando un abierto compromiso con la sensibilización, tales como el Centro de Emergencia Mujer, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, el sector salud, entre otras», señaló la Dra. Graciela Kcomt Kcomt, jueza del Tercer Juzgado de Familia.

 

Para la magistrada la alarmante estadística podría estar relacionada a un aumento de casos de violencia contra la mujer o miembros de la familia o que son más las víctimas que están decididas a no callar más. «Necesitamos seguir bregando duro para evitar que la violencia sea el pan de cada día, tolerancia cero a la violencia y en esto quiero resaltar el papel del programa Justicia en Tu Comunidad que va a las instituciones educativas y busca concientizar a los futuros ciudadanos a través de capacitaciones y ferias informativas», añadió.

 

En el caso de los juzgados mixtos de Casma y Huarmey, el número de medidas otorgadas hasta la fecha, alcanza las 385 y 205, respectivamente.

 

Las medidas de protección, incluyen el cese de todo tipo de agresión, amenaza o daño, que ponga en peligro la integridad física y sicológica de la demandante. Así mismo, el impedimento de acercamiento del agresor a la víctima e incluso el retiro de la parte agresora de la vivienda que comparten. El juez también puede disponer que el demandado evite comunicarse por cualquier medio con la agraviada.

 

Estas disposiciones se encuentran en el marco de la Ley Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

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