Opinión: ¿Obligación legal o responsabilidad social? A propósito del incidente del capitán Cueva


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Mediante Decreto Supremo N°044-2020; el gobierno peruano declaró en Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 días calendarios disponiéndose el aislamiento social (cuarentena) obligatorio, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19; dicho decreto fue complementado mediante Decreto Supremo N° 46-2020, por el cual brinda las acciones necesarias que precisan las limitaciones al ejercicio del derecho de libertad de tránsito que entre otros dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 20:00 horas hasta las 5:00 horas del día siguiente.

La obligación legal de ambos decretos son de cumplimiento obligatorio  con las excepciones descritas en dichos dispositivos; pues el mensaje es claro, si haces uso de la excepción del derecho a la libertad de tránsito deberás justificar ello; debiendo encuadrarse en los supuestos que señalan dichos decretos. El incumplimiento dará lugar al accionar de la  Policía Nacional del Perú y FFAA a activar el protocolo de intervención ciudadana reteniendo o deteniendo a los infractores.

Circula por redes sociales un vídeo sobre la intervención que realiza el capitán del E.P Cristian Cueva Calle a un ciudadano, en la provincia de Sullana; lo cual con métodos no muy convencionales a un estado de derecho y el respeto a los derechos fundamentales “hace cumplir” el estado de emergencia. Al respecto se debe tener en cuenta que el artículo 137° de la Carta magna, base constitucional de la presente emergencia restringe los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio; MAS NO otros derechos que puedan ser afectados con este estado de emergencia; todos los demás derechos catalogados como fundamentales SE ENCUENTRAN VIGENTES pudiendo el ciudadano e incluso el estado por cuenta propia hacer valer dichos derechos acorde  a la constitución y la Ley.

La forma como se muestra el accionar del agente de las fuerzas armadas en la intervención no solo se encuentra fuera del contexto protocolar de intervención; sino también de orden constitucional, pues no debe confundirse el uso de la fuerza pública (detención en caso de resistencia), que es totalmente constitucional, con el uso de la fuerza pública con consecuencia de denigración a la dignidad de la persona humana (golpes, maltratos, humillaciones, etc.); que no hace más que alentar a los ciudadanos y transmitir una mala corriente del concepto del buen actuar de nuestras fuerzas del orden; en tiempos donde se crea un enemigo innecesario llamado desinformación.

Los peruanos debemos entender que un estado de emergencia no hace más que normar las obligaciones  y restricciones a seguir sobre las circunstancias  que afectan  la vida de todos los ciudadanos; sin embargo en estos momentos es primordial nuestra responsabilidad social como personas y miembros de un grupo familiar  de protegernos y proteger a los más vulnerables; siguiendo las políticas de prevención de salud pública e informándonos objetivamente sobre el rol de cada uno de nosotros y de todas nuestras autoridades y así evitar un abuso de poder que en estos momentos nos hacen llenar de sensacionalismos insanos e improductivos y que valgan verdades en esta ocasión no lo necesitamos.

Por: Frank Cerna, abogado investigador en materia jurídica por la UNASAM

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