Hablemos de los ambulantes, … pero en serio. Por Rómulo Antúnez

Este artículo no sólo recoge el título y concepto del artículo de Sigrid Bazán del diario La República (14/06/2020), sino de otros autores influyentes en políticas públicas de países como el Perú, incluyendo a Hernando de Soto que sostiene que el Estado debe garantizar los derechos de propiedad para que el informal (entre ellos el ambulante) ingrese al mercado con las condiciones que el libre mercado ofrece y condiciona, y como consecuencia; los beneficios sociales se multiplican generando bienestar.

El crecimiento económico acumulado[1] del Perú en los últimos 21 años fue de 187.2%, (2010 (8.45%), 2011 (6.45%), 2012 (5.95%), 2013 (5.83%), 2014 (2.39%), 2015 (3.27%), 2016 (4.04%), 2017 (2.47%) y 2018 (4.0%)), y la economía informal –sub empleo- en ese mismo período ha pasado, de acuerdo al Sociólogo Custodio Arias del 20%  al 70% hasta antes de la Pandemia y con el Covid 19 posiblemente haya subido unos 15 puntos porcentuales con lo cual bordearía el 85% las condiciones de economía y empleo informal.

En este tiempo de crecimiento; los peruanos nos hemos “comido el cuento” que a más crecimiento económico; la pobreza y extrema pobreza en nuestro país son las más bajas de América Latina; lo cual es verdad parcialmente, primero porque los extremos pobres se convierten en informales ambulantes o con “puestos fijos” e incrementan sus ingresos personales y aportan más al hogar; los pobres se convierten en “emprendedores informales” y aún sin tributar se convierten en el motor económico del “libre mercado” generando “empleo precario”, por tanto el Estado se libera de los “problemas sociales”  y los gobiernos de los 30 años de bonanza los ha hecho invisibles o sólo fueron escondidos “bajo la alfombra”, hasta que llegó el virus y desnudó el problema real.

En ese contexto, el problema del “conteo” y del concepto de superación de la extrema pobreza y pobreza e inclusive de “clase media” en el Perú se mide por su “capacidad de gasto” y para salir de la pobreza un ciudadano peruano debe gastar S/. 352.00 soles/mes e inmediatamente se convierte en clase media; los que pertenecen al segmento de la extrema pobreza deben acreditar que su capacidad de gasto supera los S/. 187.00 soles/mes. Estos montos en condiciones de vida real se convierten en montos indignos para el ser humano porque son insuficientes para satisfacer siquiera la alimentación diaria con S/. 6.00 soles y para la clase media con un gasto diario de S/.11.75 soles no garantiza ningún bienestar ni desarrollo, sobre todo en un país donde los servicios públicos (salud, educación, alimentación) se precarizaron en los 21 años de crecimiento económico.

Con estos datos, el Perú se posicionó en el Mundo como un modelo de política económica, mostrando las mejores cifras de superación de pobreza y extrema pobreza, con una clase media creciente, robusta y de “cholos emprendedores”, pero la llegada del Covid 19 desnudó y mostró que esos perversos conceptos e instrumentos de política económica convirtió a los pobres y pobres extremos en “datos estadísticos” para satisfacer a INEI; en objetos de “programas sociales –transferencia monetaria directa-”  que justifican la manipulación política de ex presidentes encarcelados y de un suicida, trofeo de campañas políticas e información perversa usada por medios de comunicación para justificar el gran crecimiento económico del Perú mostrado como el “gran logro” al Mundo.

Ahora sí, “hablemos de ambulantes y en serio”; y para ello el concepto de “economía informal” que considera una actividad económica invisible al Estado por razones de evasión fiscal o de controles administrativos (por ejemplo, el trabajo doméstico no declarado, la venta ambulante espontánea o la infravaloración del precio escriturado en una compraventa inmobiliaria)”; usado por el Estado y el mercado peruano debe cambiar y considerar el concepto de realidad y recoja  del 85%  de la economía “que genera empleo e ingresos, promueve la innovación y la empresarialidad, dinamiza la economía peruana en condiciones financieras, laborales, de ocupación espacia y políticas públicas adversas” y  en condiciones de crisis económica, política y ahora en emergencia sanitaria COVID 19 se convierte en refugio de desempleados, pobres y pobres extremos.

Hay políticos, especialistas y gestores públicos que creen que “los informales” representan un problema social producto de la pobreza y que están en proceso superación y de conversión a “emprendedores” de clase media y para ello es suficiente las “fuerzas del mercado” para  consolidarlo como actores importantes, por tanto, no le corresponde al Estado intervenir en su desarrollo que no llegó en 21 años, ya que el modelo de “libre mercado” mercantilista y de acumulación infinita sólo permitió el desarrollo de los “grandes tiburones” que se comieron a los “peces pequeños”.

Los que creen que el “libre mercado” con sesgo mercantilista y corrupto vaya resolver el “problema” del informalismo en el Perú, sostienen que deben implementar el pensamiento de “De Soto” y para ello el “informal” debe cumplir con registrar todos sus derechos ante el Estado y con ello las fuerzas del mercado se encarga de darle valor económico a esas propiedades de todo tipo y “formalizar” a través de su registro en SUNAT para tributar, a SUNARP para que su propiedad tenga valor en el mercado, a los bancos (negocio de los bancos=bancarización) para ser parte del mercado financiero y para completar la película debén cumplir las condiciones de diversos niveles de gobierno que exigen que se cumplan con tributos locales, ocupación de espacios públicos restringidos y otras obligaciones económicas que terminan por ahorcar al potencial formal y consolidando su condición de “informal”.

La normalidad de 30 años del Perú de libre mercado no puede seguir siendo el 85% de la economía y del empleo “informal”, es necesario reformular el concepto y procedimientos de “formalización post COVID 19”, teniendo en cuenta que la SUNAT ha fracasado en la implementación de la política tributaria; la SUNARP en el proceso de registro de derechos de propiedad, la bancarización de los bancos es sólo “negocio para los bancos”, el Gobierno Central a través de los Ministerios (agricultura, producción, trabajo, MIDIS, entre otros) están lejos a los informales y cercanos a promover  a personas como “objeto” de programas sociales, Gobiernos Regionales sin políticas para generación de empleo temporal y productivo así como Gobiernos Locales no han logrado generar condiciones y garantizar espacios para dotar condiciones a los “informales ambulantes y con puesto fijo” para despejar y ordenar la ocupación de espacios públicos (calles, pistas y veredas, parques), usan la violencia y persecución a los informales considerándolas como delincuentes generadores de desorden, residuos sólidos e inseguridad en la ciudad y actualmente propagadores del COVID 19.

Es imprescindible voltear la cara de la moneda y desarrollar una política especialmente dirigido a todas las actividades informales donde se aloja el empleo precario y los bajos ingresos, requiere conceptos y criterios específicos localizados y territoriales principalmente para el tratamiento tributario especial dirigido por municipalidades en coordinación con SUNAT, registro de propiedad realizada por una entidad especializada de nivel territorial que la SUNARP podría adecuar; y los Gobierno Regionales mejorar su capacidad de promoción y apoyo al empresario con políticas con incentivos para la innovación, desarrollo tecnológico en el proceso producción e industrialización, así como los Gobiernos Locales para dotar condiciones de espacios públicos y privados para promover el “comercio informal” ordenado que no afecte la ocupación de los espacios púbicos urbanos que favorezcan a la mejora de un desarrollo urbano ordenado, seguro, limpio y ambientalmente sostenible.

Chiquián, Bolognesi, 14 de junio de 2020

 

Ing. Rómulo Antúnez

Gestión pública descentralizada

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