Contraloría detecta riesgos en compra y entrega de tabletas a escolares de zonas rurales

La Contraloría General de la República detectó riesgos que afectarían la compra de tabletas y otros equipos informáticos, que tiene a su cargo el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, como parte de la estrategia “Aprendo en Casa – Cierre de Brecha Digital”, que serán para garantizar el servicio educativo no presencial, comprometiendo fondos públicos por S/ 930 millones.

En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo N° 1465 que estableció medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo, a través de la distribución de equipos a docentes y estudiantes de primaria y secundaria en zonas rurales.

Como parte de dicho proceso, según lo informado por el Minedu, se estima comprar 1 millón 56 mil 430 tabletas, más de 200,000 cargadores solares y medio millón de planes de datos que serán entregados a aproximadamente 966,293 estudiantes y 90,137 docentes de 27,837 colegios.

Según el Informe de Hito de Control N° 5876-2020-CG/EDUNI-SCC, durante la etapa de actos preparatorios (que prevé el análisis e indagación del mercado, entre otros aspectos), apertura y evaluación de cotizaciones se formularon consultas por parte de los postores señalando la imposibilidad de cumplir los plazos del proceso pero no fueron recogidos por el equipo de trabajo del Minedu que tiene a cargo el proceso.

Inclusive desde la primera etapa de revisión de cotizaciones, las empresas participantes, informaron al Minedu sobre sus preocupaciones respecto a lo reducido de los plazos del proceso, considerando aspectos como las limitaciones de stock de tabletas a nivel mundial y que los términos de referencia requieren que se realicen prestaciones bajo condiciones materialmente imposibles de cumplir y sin las precisiones necesarias.

Durante el citado proceso, la Contraloría ha identificado que se alertó sobre un número de entrega de tabletas bajo plazos que impedirían hacer validaciones, las cuales son indispensables para el proyecto. Adicionalmente, los plazos no consideran las restricciones de traslado aéreo e incluso de transporte interprovincial, por el estado de emergencia, lo que impediría llegar con facilidad a zonas alejadas.

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