Defensa de Morillo buscaría la conformación de nueva Sala Penal de Apelaciones para ver su liberación

La sorpresiva decisión de la Sala Penal de Apelaciones, de la CSJA, en el sonado caso Morillo y su banda criminal, a pesar que fue correcta la determinación, desató una mar de especulaciones.

Queda demostrado que la defensa del gobernador de Ancash, a través del Juez titular del Juzgado de Investigación Preparatoria, habría buscado en último momento obligar a la Sala Penal de Apelaciones para declarar nulo la audiencia por falta de documentos de apelación. De esta manera han logrado que, esta Sala que termina su mandato el 31 de diciembre no vea el caso de Morillo y sus funcionarios, sino otra Sala que se conformará en enero, casi por decisión del nuevo presidente Armando Canchari.

 LO QUE OCURRIÓ AYER

En primer término, el responsable de esta postergación de audiencia, es de responsabilidad compartida voluntaria o involuntaria del personal administrativo y el Juez titular del Juzgado  de Investigación  Preparatoria Anticorrupción, que en primera instancia, admitió  el pedido fiscal,  de prisión preventiva en contra el gobernador regional y los siete funcionarios de su entorno directo implicados en este sonado caso de corrupción.

En la Resolución N° 10 de la Sala Penal, que ayer se entregó a las partes,  se advierte que en  aras  del cumplimiento del debido proceso, se posterga  la audiencia porque en su debida oportunidad no se han apelado la documentación  de todas las apelaciones de los implicados, el mismo que debería haberse revisado en un solo acto, para dar inicio a la apelación en segunda instancia.

En este mismo documento los jueces superiores dan cuenta que por esta irregularidad evidenciada han emitido copias de todo lo actuado al Jefe de la ODECMA, para que en el ejercicio de sus funciones cumplan con sancionar a los que resulten responsables.

Tras la publicación de este documento, las especulaciones corrieron cual reguero de pólvora en las  inmediaciones del Poder Judicial, con medias verdades,  que los que más se aproximan es que se  estaría tratando de un blindaje solapado a  favor de Morillo y su banda, porque  en el  camino quieren apartar del proceso  a los  Jueces  Superiores José La Rosa Sánchez Paredes y Karina Bañes Lock,  para que  a comienzos del año judicial se restructure la Sala y se logré el cometido de liberar al gobernador regional, con la participación de dos jueces provisionales y dejarlo solo  al magistrado Máximo Maguiña Castro.

Pero  esta  decisión  tendría que partir del nuevo presidente de la Corte Superior, Armando Canchari, quién  tendría que pensarlo dos veces, para cometer semejante aberración,  porque  en el proceso de evaluación de   esta sala de apelación, se ha comprobado una sobresaliente conducta funcional de sus integrantes, con saldo positivo en  su accionar de  administrar justicia en el aspecto cuantitativo y cualitativo y por otro lado,  en  el staff de  jueces provisionales, no se cuentan con  profesionales que puedan dar la talla a la altura de los actuales.

Por  otra  parte, no está descartado el camino correcto  que  se conserve la  Sala con la participación de  los tres jueces superiores, se cumpla el debido proceso; se  reprograme  la audiencia de control para determinar  del pedido fiscal de prisión preventiva, para Juan Carlos Morillo y sus funcionarios y  con este procedimiento se despeje  todas las especulaciones de presuntos sobornos y  el Presidente de la CSJA, al inicio de su gestión se consolide al poner  en relevancia su predisposición de  luchar contra  la corrupción en Ancash.

OTRO PEDIDO DE PRISIÓN PARA MORILLO

El otro camino que ayer se inició, es un presunto trabajo concertado entre el Ministerio Público y el Poder  Judicial,  sentenciar a Morillo en  el caso de su denuncia penal, por no haber  declarado en su hoja de vida de sus dos sentencias judiciales, al momento de  su inscripción  como candidato a la gobernación regional, ante el Jurado Especial de Huaraz, expediente que retornó de la Corte Suprema de Justicia del país, para  reiniciar  el proceso judicial.

En este contexto, la Fiscal Provincial en lo Penal Lizzeth Avendaño  ha presentado su acusación  fiscal  ante el Juzgado de Control de Acusaciones, de la CSJA,   en donde  está solicitando una pena  privativa de cuatro años  suspendida,  con  dos años de inhabilitación  para ejercer cargo público,  con esta sentencia,  se lograría  bajar los ánimos de la población enardecida, y consumar  el hecho de liberar a Juan Carlos Morillo de quedarse en el centro penitenciario por los nueve  meses, en cumplimiento de la prisión preventiva  y dejar el camino libre para que el Vice gobernador regional, Henry Borja,  asuma  el cargo de  gobernador y  todos quedan tranquilos.

(HEM)

 

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