Contraloría detectó irregularidades en selección de servicios para mantenimiento de caminos vecinales

Contraloría fiscalizó procesos de contrataciones para trabajos en Ocros, Recuay, Antonio Raimondi y Huarmey

 

Áncash. – La Contraloría General detectó hechos irregulares en los procedimientos de selección que realizaron las Municipalidades Provinciales de Ocros, Recuay, Antonio Raimondi y Huarmey en el 2020 para la contratación de servicios de mantenimiento de caminos vecinales.

 

Se identificaron responsabilidades en 17 servidores públicos cuyas acciones y decisiones afectaron la competencia, transparencia, eficiencia y eficacia que rigen las contrataciones estatales.

 

Según el Informe de Servicio de Control Específico N° 11180-2021-CG/GRAN-SCE, correspondiente a la Municipalidad Provincial de Ocros, el comité de selección otorgó la buena pro a un solo consorcio para la ejecución de tres servicios de mantenimiento periódico y rutinario de vías pese a que presentó la mayor oferta económica en relación al valor referencial.

 

Hecho similar se detectó en la Municipalidad Provincial de Recuay, donde el comité de selección para los trabajos de mantenimiento del tramo Tuctu-Cantu decidió a favor del postor con la oferta mayor ascendente a S/ 803 368,15. (Informe N° 014-2021-2-0337-SCE)

 

Para los mismos procedimientos en las municipalidades provinciales de Antonio Raimondi y Huarmey, los comités de selección evaluaron solo al postor que presentó la mayor oferta económica, generándose diferencias entre el precio contratado y el monto con la menor oferta. (Informes N° 10535-2021-CG/GRAN-SCEN° 10529-2021-CG/GRAN-SCE y  N° 11180-2021-CG/GRAN-SCE)

 

Como producto de los servicios de control posterior, la Contraloría determinó presuntas responsabilidades administrativas y/o penales de funcionarios y servidores públicos de las Municipalidades Provinciales de Ocros (3), Recuay (6), Antonio Raimondi (5) y Huarmey (3).

 

Los informes de control específicos mencionados fueron comunicados a los respectivos alcaldes provinciales para que dispongan el inicio del procedimiento administrativo a los 17 funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos. Además, se remitió al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de la Contraloría para el inicio de las acciones legales ante las instancias competentes.

 

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